En un contexto de profunda vulnerabilidad social —donde los efectos de la pospandemia, los consumos problemáticos y la precarización de la vida han multiplicado los padecimientos subjetivos— la respuesta del Estado se vuelve urgente. Sin embargo, la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) impulsada por el gobierno nacional no busca dar respuesta a esa crisis. Por el contrario, representa un retroceso histórico en materia de Derechos Humanos disfrazado de modernización.
El lenguaje como herramienta de estigmatización
Uno de los cambios más preocupantes se encuentra en la modificación del Artículo 3° de la actual Ley: se reemplaza el concepto de “padecimiento mental” por el de “afección o trastorno”. No es una corrección semántica menor.
“Padecimiento” reconoce la historia, la subjetividad y la humanidad de una persona. “Trastorno” la reduce a una categoría clínica, a un objeto fallido susceptible de ser clasificado y controlado. Además, al ceñirse a etiquetas diagnósticas formales, miles de personas que atraviesan situaciones de sufrimiento psíquico —sin que eso constituya una psicopatología— quedan directamente excluidas de cualquier acompañamiento del sistema de salud.
Criminalización de la pobreza
La reforma propone sustituir el estándar de “riesgo cierto e inminente” —el único criterio que habilita legalmente una internación involuntaria— por un vago “criterio situacional”. El problema es enorme: la falta de trabajo, de vivienda o de una red de contención social podrían interpretarse como “situaciones” que justifican el encierro.
Esto no es una mejora técnica. Es convertir la vulnerabilidad socioeconómica en causa de internación. Es usar el manicomio como destino de la pobreza.
El regreso del manicomio
Bajo eufemismos como “instituciones especializadas”, la reforma elimina la prohibición de crear nuevos centros monovalentes (Artículo 27). Se desmantela así la red de dispositivos comunitarios construida durante más de una década para reemplazarla por el aislamiento como respuesta principal.
Las decisiones vuelven a concentrarse en la corporación médico-psiquiátrica, desplazando la perspectiva interdisciplinaria, los procesos de externación y las políticas de inclusión basadas en vivienda y lazos sociales.
Un Estado que se retira y deja el negocio al mercado
La narrativa de “protección” que acompaña la reforma encubre una des-responsabilización del Estado. Se trasladan a las familias obligaciones de cuidado que deberían ser garantizadas por políticas públicas, favoreciendo directamente el negocio de prepagas y obras sociales.
El argumento de que la ley vigente “no funciona” omite un dato fundamental: nunca se cumplió el presupuesto que la propia ley exige. El porcentaje destinado a salud mental debería ser del 10% del presupuesto sanitario; hoy apenas alcanza el 2%. La ley no fracasó, fue deliberadamente desfinanciada.
La reforma no corrige ese abandono. Lo profundiza, priorizando la internación privada y la medicalización por sobre la salud integral.
Por todo esto la reforma no está diseñada para las personas en situación de vulnerabilidad. Está diseñada para un Estado que renuncia a su deber de cuidado y delega en el mercado lo que debería garantizar como derecho.
No hay salud mental posible sin trabajo, sin vivienda ni dignidad.
No es una mejora, es seguir estigmatizando y vulnerando a las personas.
Necesitamos un estado que garantice derechos y oportunidades para todxs.
Escrito: Lic. Nerea Malfitano