¿Qué pasa cuando el que violenta es un juez? ¿Dónde se busca ayuda cuando quien golpea es el encargado de “impartir justicia”? La violencia machista en un ámbito donde las influencias son un puente a la impunidad y las inseguridades se esconden bajo la máscara del poder. Te contamos los casos de Gustavo Estrella, Juan Carlos Gemignani, Claudio García y Gustavo Lullo, dos de ellos aún en funciones.
Es enero de 2017. El juez Gustavo Lullo toma el cinturón de seguridad del asiento de su esposa y la ahorca por unos segundos. Están de vacaciones en El Bolsón. Ella, con una panza de seis meses, tiene por primera vez la sensación de falta de aire
Tiempo después, en el departamento que compartían en Lomas de Zamora, la golpea con el puño en la cara, el torso, los brazos, toma un cuchillo de cocina, entra al baño donde ella estaba escondida y le dice:
– Voy a hacer que mueras desangrada.
Gustavo Lullo sigue siendo el titular del Juzgado de Familia 5 de Lomas de Zamora.
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“Estos hombres generalmente son perversos, pero, además, tienen baja autoestima”, dice la Licenciada en Psicología Yanina Marino sobre los hombres que ejercen violencia y ocupan un lugar de poder, y agrega: “El tema de la jerarquización y la violencia se da institucionalmente, en todos los ámbitos, inclusive en la violencia de género”.
Marino tiene su consultorio en Lomas de Zamora y atiende a víctimas de violencia de género. También hizo una investigación sobre la problemática y da charlas de capacitación. Por eso sabe que las personas que se mueven en esos lugares lo hacen como peces en el agua.
La ex esposa, la sobreviviente de los golpes en El Bolsón, M., es empleada del Ministerio Público de Defensa del mismo departamento judicial. La primera cónyuge del juez, D., es abogada, y el 26 de septiembre de 2017 lo denunció por violencia de género. Con ella estuvo casado durante 20 años. Esa causa se encuentra paralizada desde el 4 de enero de 2019, más de un año y medio, el tiempo que a dos fiscalías especializadas en violencia de género, la 2 y la 16, les está demorando dirimir a cuál de ellas le corresponde su tratamiento.
No pasó mucho tiempo para que el juez y la falta de aire se vuelvan a juntar: el magistrado encerró a M. en la habitación e intentó ahorcarla con un cinturón que tenía puesto en su bermuda.
M. se animó a denunciarlo el 28 de febrero de 2019 ante la Unidad Funcional de Instrucción 16 especializada en género, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan. El caso tomó estado público recién en abril de este año y va muy lento, explicó a Perycia la abogada de la víctima, Vanina Panetta. Ambas causas tramitan acumuladas en la misma fiscalía.
El 1 de junio de 2020, Débora Bertone, Secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), habló sobre Lullo en el sitio oficial de la entidad: “Cabe resaltar que en las denuncias penales realizadas en 2017 y 2019 por dos de sus ex parejas se ponen claramente de manifiesto los actos brutales de violencia física, psíquica, económica y simbólica ejercidos por Lullo contra ambas, y de manera menos directa contra sus hijos e hijas, incluso cursando una de las mujeres un embarazo y en varias ocasiones en presencia de las y los niños”.
Sigue siendo juez.
Mantener el sometimiento
Eva María de la Peña Palacios es Licenciada en Psicología Clínica experta en Asistencia e Intervención Psicosociológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Ella sostiene que con la violencia el hombre pretende perpetuar esa relación, mantener el sometimiento.
A su primer esposa, Gustavo Lullo más de una vez le propuso suicidarse juntos. La arrastraba hacia la ventana del auto en movimiento y le sacaba el cuerpo al vacío. Una tarde, manejó a toda velocidad por la Avenida Alsina, una de las principales arterias del partido de Lomas de Zamora.
– ¡Ahora vas a ver cómo nos vamos a estrellar! – le gritó.
“Lo que se intenta hacer tiene que ver con culpabilizar a la víctima, si el varón agrede y ve que la mujer quiere dejar el vínculo, ejerce algún tipo de violencia para mantenerla dentro. Con la violencia lo que quiere es lograr la obediencia y la sumisión, en general la amenaza tiene que ver con matarla a ella y no matarse él. Pero cualquiera de estos dos escenarios busca el miedo y la culpa, un encierro simbólico de parte de ella.”, explica a Perycia la Licenciada en Psicología Antonella D’Alessio, cofundadora y coordinadora del área de prensa y comunicación de la Red de Psicólogxs Feministas y docente de la materia Introducción a los estudios de género en la Facultad de Psicología de la UBA.
El juez intentaba silenciar a su víctima para que no denuncie: “¿A quién van a creer, a mí o a vos?”, le repetía una y otra vez a M.
“Cuando los varones que ejercen violencia de género además están ubicados en posiciones de poder, por ser jueces, policías, personas mediáticas, actores, directores de cine, al privilegio de ser un varón hegemónico se le suma el de gozar de mayor impunidad que una persona común y corriente”, agrega D’Alessio.
Al juez Lullo, su posición le daba la posibilidad de desalentar a la víctima, tanto a una como a otra.
– ¿Quién te va a creer?- les preguntaba, burlón, confiado en su impunidad.
O amenazaba con utilizar supuestas influencias en el Poder Judicial:
– Te voy a hacer pasar por loca y te voy a sacar a la nena.
También:
– Te voy a hacer desaparecer.
La violencia y las amenazas que ejercía sobre sus ex parejas se inflaban y adquirían jerarquía por el poder e impunidad que le otorgaba el traje de juez.
El cuerpo de M., la ex esposa de Lullo, había cambiado tras el embarazo y el parto de la bebé que tuvieron en común. Él le decía:
– ¿Quién te va a querer así, destruida?
“El lugar que tiene el juez en el sistema patriarcal es privilegiado, está en un lugar de poder mucho más impune que el que puede estar cualquier hombre”, dice a Perycia Flavia Salinas, profesora de historia y sociología, especialista en políticas socioeducativas.
Bertone, que ocupa la secretaría de Géneros de la AJB, entiende que por su conducta no es posible que Lullo continúe en su cargo dado que “resulta inconcebible suponer que un juez de familia, acusado de hechos tan graves de violencia contra las mujeres, posea la idoneidad requerida para el cumplimiento de su cometido”.
La Asociación Judicial Bonaerense ya formalizó un pedido de destitución.
Lullo sigue siendo juez.
El camarista laboral y juez de boxeo
17 de mayo de 2014.
Gustavo Estrella y su pareja María Benedicta Ortiz están mirando televisión en su departamento del octavo piso de San Juan 1163, en la capital mendocina. Es su cuarto día de convivencia. Él es titular de la Séptima Cámara Laboral, jurado internacional de boxeo y ex abogado del Arzobispado de Mendoza.
Se conocieron en 2006, durante una velada de Box, en Malargüe, donde ella era la chica que presentaba cada round y él uno de los jueces. Después de una relación de constantes idas y vueltas con Benedicta, Gustavo Estrella decide separarse de su esposa e irse a vivir con ella.
-¿Dentro de diez años me vas a querer igual? -le pregunta el juez.
-No sé, la relación es entre dos -responde Benedicta.
-Me estás boludeando, sos una loca autista. ¿Te crees que esto es una pensión?
Ese mismo día, a las pocas horas del diálogo que no dejó conforme al juez, la agarra del pelo, le golpea la cabeza contra la pared, le da una piña en la cara. La lleva a la cocina, le da otra piña y la tira contra la heladera. Le arroja una silla en el rostro. Trata de ahorcarla con su propio cabello. Le tira la mochila y su material de estudio al pasillo y la echa del departamento. En ese momento, dijo Benedicta mientras declaraba en el Jury, “entendí que a él no le importaba nada de mí”.
“La violencia de género es considerada por los agresores como aleccionadora. Se castiga a la mujer para que aprenda”, dice la especialista en políticas socioeducativas, Flavia Salinas.
“Hay muchos testimonios de mujeres víctimas de violencia de género que tienen que ver con cómo ellos les han enseñado por medio de la violencia lo que le iban a permitir y lo que no les gustaba. Si hay algo para comer que a ellos no le gusta lo más probable es que ese plato termine en el piso”, agrega la Licenciada D’ Alessio.
En diciembre de 2018 circuló una foto en todos los medios locales y nacionales. El ojo izquierdo morado, el labio partido. “María Benedicta Ortiz, 36 años, universitaria, la golpiza fue en el departamento de la calle San Juan…”. Estaba involucrado un juez y era sometido a un jury por “desorden de conducta”.
Un jury y un fallo ejemplar
Cuatro años después de radicada la denuncia, el 17 de diciembre de 2018, el camarista laboral mendocino Gustavo Estrella fue sometido a un jury por presunto caso de violencia de género, a raíz de la golpiza infringida a María Benedicta Ortiz.
“El Jury, como órgano que evalúa la conducta de un juez acusado de un hecho sancionado por el Código Penal, intervino en el caso de Gustavo Estrella, quien –por mandato constitucional– ostentaba un cargo por el que es inamovible y sólo puede cesar su función al jubilarse, renunciar o, como sucedió, ser destituido por no cumplir con el precepto de la buena conducta”, explicó el senador sanrafaelino por la UCR, integrante del Jury, Adrián Reche, para el Canal 7 de Mendoza. “Si bien hay sanciones intermedias, la conducta en la que incurrió el juez ameritaba la máxima pena, por eso quedó removido del cargo y ya no es magistrado”, concluyó.
En la deliberación se resolvió unánimemente la destitución del juez Estrella por los actos de violencia de género que fueron acreditados, y es un fallo ejemplar. El primero en el país de su tipo.
“El veredicto marca precedente, creo que va a recorrer todo el país y el ámbito latinoamericano, estamos destituyendo a un juez, un alto dirigente de la sociedad”, dijo Jorge Nanclares, Presidente de la Suprema Corte de Mendoza, para el mismo canal.
María Benedicta Ortíz también hizo declaraciones al medio mendocino: “Fue un proceso muy difícil, donde tuve que revivir todo de nuevo. Quiero mandar un mensaje, a las mujeres que defiendan su dignidad, su integridad física y psíquica, y a la sociedad que cese con la violencia”.
El camarista de Comodoro Py
28 de julio del 2016. Receso judicial de invierno.
El Camarista Juan Carlos Gemignani se encuentra trabajando en su oficina del edificio de Comodoro Py. Le ordena a la secretaria María Amelia Expucci que realice el inventario de cajas con equipamiento arrumbadas en la sala de audiencias del tribunal. Ella se niega y alega que fue designada secretaria para cuestiones jurisdiccionales y no para la tarea que el magistrado le pide hacer.
Gemignani ordena a dos efectivos de la Policía Federal, Ricardo Celestino Contreras y Jorge Luis Iriarte, la detención e incomunicación de la funcionaria y la dejan dentro de una garita ubicada en las cocheras de la parte posterior del edificio de los tribunales. La doctora Expucci pide comunicarse con un abogado defensor o algún familiar, y los guardias le reiteran que se encuentra incomunicada. Una hora y media más tarde, el juez federal Marcelo Martínez de Georgi ordena su inmediata libertad.
Tres años después, en junio de 2019, el Consejo de la Magistratura decidió aplicar una multa a Gemignani por la detención arbitraria de su secretaria. El Consejero Juez Alberto Lugones dijo: “Los jueces tenemos que tener claro que nuestro poder no está para cometer abusos”.
El castigo que se le fijó al juez fue una multa equivalente al 35% de su sueldo, y María Amelia Expucci dejó de trabajar en los Tribunales de Comodoro Py y pasó a ocupar la secretaría del Juzgado Federal de Moreno, con competencia en lo Contencioso Administrativo. Un fuero para el que no se formó ni buscaba para su carrera.
La escritora, antropóloga y activista feminista Rita Segato, en su ensayo “Las estructuras elementales de la violencia: contrato y status en la etiología de la violencia”, dice: “Es en la capacidad de dominar y de exhibir prestigio que se asienta la subjetividad de los hombres y es en esa posición jerárquica, que llamamos “masculinidad”, que su sentido de identidad y humanidad se encuentran entramados”.
La Ley 27.499 establece la capacitación obligatoria en los temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública. Su nombre se debe a Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en Gualeguay por un hombre que tenía antecedentes penales por violación. Un paredón en Entre Ríos reza: “La negra se hizo semilla”.
El objetivo de la Ley Micaela es que la mujer deje de ser violentada y revictimizada por el Poder Judicial.
Melisa García, Presidenta y Socia Fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), dice que en la mayoría de los casos la justicia no cuenta con perspectiva de género y que más allá que la ley Micaela está vigente, las prácticas machistas se repiten dentro y fuera de los tribunales. Muchas veces los hechos de violencia son perpetrados por hombres que tienen mucho poder. “El poder que tiene un juez no es solamente preocupante en su vida individual y el cargo que ejerza, sino en cómo manifiesta en sus sentencias lo que tiene tan arraigado en su forma de ser, de pensar y percibir a la mujer”.
El juez de familia de Olavarría
26 de febrero de 2020.
En un enorme salón de paredes blancas y cortinados grises, en un edificio de la Honorable Cámara de Senadores, en la ciudad de La Plata, se encuentran reunidos varios miembros de la Asociación Judicial Bonaerense. Visten pecheras claras con el logo del sindicato en la parte frontal. La agrupación espera entrar a la sala de audiencias donde se llevará a cabo el Jury contra el juez de familia Claudio García. El magistrado está acusado de acoso sexual en el ámbito laboral en perjuicio de una empleada del juzgado que tiene a cargo.
La funcionaria judicial declaró durante el Jury que el juez Claudio García le dijo que “…le gustaba mucho, que necesitaba ser transparente y frontal, pero que no haría nada que ella no quisiera”. A pesar de que la empleada le aclaró que sólo lo consideraba un compañero de trabajo, el magistrado la acosaba con mensajes como “necesito mimos”, “estás muy linda”, “ese pantalón me mata”, “mañana ponete el vestido rayado”. Esa situación perduró por casi un año.
Los informes realizados por el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Violencia de la Asociación Judicial bonaerense constataron que la mujer padecía “un trastorno de angustia con agorafobia y que los síntomas expuestos se encuadran en situaciones de acoso sexual y laboral”.
Los síntomas de la agorafobia incluyen el miedo y la necesidad de evitar los lugares y las situaciones que pueden causar sensación de pánico, encierro, impotencia o vergüenza.
“El juez trabajaba en un lugar donde con más razón se debe actuar con perspectiva de género”, dice al respecto la profesora Flavia Salinas.
La psicóloga D’ Alessio asegura que cuando una persona tiene una posición jerárquica dentro de cualquier ámbito laboral, profesional o académico, la violencia que puede ejercer es más impune, es más fácil de esconder. Esa impunidad ayuda al varón a ejercerla durante muchísimo tiempo, porque se garantiza el silencio de la víctima.
“Para ninguna mujer resulta sencillo denunciar hechos de violencia sexual y menos aún si el denunciado es un juez de la Provincia de Buenos Aires. Las desigualdades de poder son enormes”, dijo Bertone en una entrevista para Canal Abierto, el 5 de marzo del 2020.
Tras el Jury, el juez Claudio García fue destituido de su cargo e inhabilitado de por vida para ocupar cargos en la Justicia, por unanimidad.